Es hora de abordar la palabra P en la asistencia sanitaria

La clave del futuro de cualquier sistema sanitario pivota en los ciudadanos y es en ellos en los que debería apoyarse. Es nuestra salud la que está involucrada y somos nosotros los que debemos implicarnos en la perdurabilidad de nuestro sistema sanitario del que según el barómetro del CIS nos seguimos enorgulleciendo desde hace más de 30 años.
Actualmente, cualquier sistema sanitario de cualquier país está impulsado por los proveedores. Son, fundamentalmente, las decisiones y los valores de los médicos los que determinan cómo se gastan los recursos disponibles. Tienen el poder sobre la asignación y el despliegue de dichos recursos. No es, por tanto, en absoluto sorprendente, aunque sí preocupante, que el coste del sector sanitario continúe aumentando de manera insostenible.

Empecemos a reconocer que debe haber un cambio de poder en los servicios de salud, para permitir que nuestros ciudadanos tengan más voz para establecer los valores o principios en los que se basará el servicio.

Los ciudadanos informados aquí y en cualquier país de Occidente han demostrado que reconocen y aceptan que los recursos para el cuidado de la salud son limitados. Por tanto, están preparados para debatir sobre lo que quieren y cuáles son sus prioridades dentro de las limitaciones que hay en los recursos públicos en sistema tipo NHS.

Principalmente quieren mayor equidad (también eficiencia) con un énfasis especial en satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos, pero también una mayor prioridad para la prevención y la salud pública. También quieren más opinión sobre cómo el servicio de salud usa sus recursos y establece sus prioridades. No tengo razón alguna para creer que a este respecto seamos diferentes a otros países, lo que hay, es menos experiencia en participación activa de la sociedad civil.

Hay cuatro consideraciones principales que deben tenerse en cuenta para acercarnos mejor a satisfacer las necesidades de salud de la ciudadanía a partir de la limitación de los recursos.

En primer lugar, los administradores del servicio de salud deben reflejar mejor los deseos de las personas como ciudadanos y contribuyentes. Difícil que se haga sobre los programas sanitarios de los partidos para las elecciones que no sabemos muy bien de donde les viene su “inspiración”.

En segundo lugar, los ciudadanos quieren que los servicios de salud sean resolutivos y de calidad.
En tercer lugar, es necesario que haya un sistema de establecimiento de prioridades más racional y explícito, que refleje un mayor reconocimiento de que los recursos están restringidos y basados en las preferencias de las personas, y brindando más transparencia al proceso de toma de decisiones en la atención médica.

Esto llevaría a que haya menos iniciativas impulsadas por los proveedores y, por otra parte, a una mayor prioridad para los servicios de atención primaria y comunitaria y, por ende, menos atención a los hospitales. No sería fácil pues implicará un cambio en la estructura de poder dentro del sistema sanitario, y ni médicos (de hospital) ni tecnoestructura se “dejarán” fácilmente.

Y cuarto, se necesita prestar más atención a la prevención y a la salud pública. El asunto de los determinantes de la salud empieza a ser más conocido por los ciudadanos (por ejemplo, el impacto del cambio climático). Ayudará a empujar a un balance más racional de las prioridades.

La asignación actual de recursos se basa inevitablemente en la estructura de poder existente en las organizaciones sanitarias central y regionales. La profesión médica y sus sociedades científicas tienen mucho poder en la toma de decisiones sobre asignación de recursos y en el establecimiento de prioridades que hasta ahora es más implícito que explícito. ¿Tendría sentido que el Congreso y los Parlamentos regionales se metieran en dilucidar esta explicitación?

Es evidente que necesitamos médicos para la atención médica y, sin duda, contamos con muchos realmente excelentes y muy dedicados.

También necesitamos la experiencia técnica de los médicos para ayudar a determinar la efectividad de meter más recursos para detectar el cáncer de mama o, para gastar más en el control de la diabetes o, para asignar más recursos a los cuidados paliativos.

Sin embargo, frente a las elecciones entre alternativas, se necesita valorar el coste de oportunidad y, sin duda, juicios de valor. Un punto clave de mi argumento es que estos deben ser juicios de valor social. No son sólo juicios técnicos médicos. Es sobre estos temas que debemos escuchar la voz de los ciudadanos. Falta avanzar en el cómo y por qué muchos de los intentos han sido fallidos.

Nosotros, como ciudadanos, debemos tener más voz en lo que nuestro sistema de atención médica como institución social debe hacer por nosotros.

Complica mucho que la desconfianza en los políticos y en los partidos hace que el 67% de los españoles quieran gobiernos de expertos según el CIS.

Quizá experiencias de participación ciudadana como Oregón, Holanda o los Citizen´s Juries australianos sean pilotables a nivel local.

¿Avanzaremos por este camino o el estatus quo lo impedirá?. En fin, es bueno soñar de vez en cuando …

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