No cabe duda de que el problema de las listas de espera es uno de los grandes retos de cualquier sistema de salud, con independencia del modelo de organización, de gestión o de financiación. En esencia, las listas de espera surgen como una forma de racionamiento implícito, cuando se produce un desequilibrio entre oferta y demanda en sistemas donde la provisión de servicios sanitarios se realiza básicamente a través de la administración pública con universalidad y gratuidad plenas. Las listas de espera están originadas por un conocido mecanismo económico:
a) Los bienes y servicios que se producen son, por naturaleza, escasos, y para distribuirlos o asignarlos entre la multitud de individuos sólo hay dos procedimientos: el precio de mercado, que presupone la capacidad de pagar, y la “cola”, que regula el consumo por orden de llegada;
b) Los sistemas de salud públicos de libre acceso universal financiados por impuestos han suprimido el precio de mercado a fin de asegurar a todos los ciudadanos un tratamiento similar en ante una misma necesidad, y prestan una asistencia gratuita en el momento del servicio. Así, el acceso a la sanidad pública ha de hacerse necesariamente por medio de la “cola”; la espera es el acompañante ineludible de la gratuidad. No es un fallo, sino un componente de los sistemas de salud de libre acceso universal. A pesar de no afectar a los casos urgentes, en los casos en los que se producen serios atascos son uno de los aspectos que mayor insatisfacción producen entre los usuarios de la sanidad.
Las listas de espera son, por ende, la expresión de un imposible acoplamiento diario entre oferta y demanda, y en ellas se incluyen a aquellos pacientes que clínicamente pueden esperar, pero también es cierto que nada puede justificar periodos de espera excesivos y, por ello, clínica y socialmente inaceptables. La existencia de listas de espera de meses e incluso años significa la pérdida de la efectividad del derecho a la protección de la salud. Su inadecuada gestión, la escasa transparencia informativa y el insuficiente desarrollo y acusadas limitaciones de los sistemas de información, reducen su validez y fiabilidad. Destaca también la inexistencia de registros centralizados en todos los casos, agendas cerradas y la falta del establecimiento de tiempos máximos.
Las listas de espera están secuestradas por los políticos. Que no se gestionan, que se agravan con los recortes lineales y ciegos, que se utilizan partidariamente. La desinformación es casi absoluta y parece que todos desean que siga así, imposibilitando la medida de la realidad y, sobre todo, las comparaciones entre autonomías, tan desagradables en lo político.
Se precisa de un sistema de información sobre las listas de espera que sea público, transparente y comparable; que todos los pacientes estén informados sobre las garantías legales que les asisten en caso de no cumplirse los plazos garantizados; que se agilice y facilite la derivación desde atención primaria a las pruebas diagnósticas que así lo permitan; un mejor aprovechamiento de los recursos, por ejemplo, con turnos de tarde y apertura de quirófanos, y todo ello desde un sistema público que ha venido funcionando bien y a un coste más que razonable.
Hacen falta transparencia y fácil acceso a fuentes de datos públicas, con las cautelas que se precisen, e interés para encargar estudios a los investigadores de servicios sanitarios que puedan dar respuesta a interrogantes tales como: ¿qué tipo de pacientes están más tiempo en espera en función de geografía, condiciones socioeconómicas y patologías?, ¿qué alternativas ponen en práctica cuando estos tiempos se hacen interminables?, ¿dónde están los principales cuellos de botella de índole organizativo?, ¿es sólo un problema de falta de recursos?, ¿ponen las demoras en peligro la vida y/o agravan situaciones clínicas?…, dando por descontado la ineludible existencia de las listas de espera si queremos seguir teniendo el todo, para todos y gratis en el momento de su utilización.
Menos es más 