Precio basado en valor para nuevos medicamentos: ¿qué es? y ¿para qué sirve?

 

La grave crisis económica por la que atravesamos empuja a que muchos gobiernos de los países de nuestro entorno estén estudiando nuevos procedimientos para financiar con fondos públicos sólo aquella innovación terapéutica que merezca la pena en términos de costes y beneficios. Las recomendaciones que siguen a continuación forman parte del libro que se presentará públicamente el próximo 16 de octubre en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Para los medicamentos en situación de exclusividad se recomienda avanzar decididamente hacia el establecimiento de un sistema de regulación de precios ágil, predecible, transparente, explícito y fundamentado en el valor aportado por cada medicamento. Dicho sistema debe incluir mecanismos de participación ciudadana que permitan incorporar los valores y prioridades sociales que deben fundamentar los métodos y criterios de fijación de precios y financiación pública de medicamentos. Esto incluye cuestiones tan esenciales como: la propia definición general y la concreción operativa del concepto de valor e innovación; la adecuación de una métrica para cuantificar el valor de las ganancias en salud y/o bienestar, tal como los AVAC o cualquier otra que se acuerde, cuya maximización se pueda identificar con los objetivos de la política de salud; y la incorporación y ponderación explícita de los factores que deberían modular en su caso el papel de los AVAC o del indicador alternativo como medida del valor de una ganancia en salud para la sociedad, por ejemplo, la gravedad del paciente, la rareza de la enfermedad, el riesgo de un desenlace fatal próximo y muchos otros que la sociedad pueda legítimamente establecer.  Dicha participación, además de ser un requisito de democracia, ayudará a legitimar las decisiones de asignación de recursos sanitarios y a que los ciudadanos acepten las limitaciones de la financiación pública para cubrir todas las aplicaciones posibles de las tecnologías existentes, cuestión especialmente urgente en el actual escenario de recortes de fondos en el sistema de salud. Pero más allá de la actual situación de crisis, el dialogo y la  participación ciudadana en el diseño y gestión de los sistemas de salud puede ayudar a impulsar un cambio cultural para concienciar a la sociedad sobre la limitación de recursos y la necesidad de destinarlos a las innovaciones eficientes promoviendo la financiación selectiva de forma real.

Existen diversas modalidades o variantes del sistema de fijación de precios basados en el valor. Gran Bretaña, Suecia, Holanda, Australia o Canadá son algunos de los modelos existentes con bastantes años de experiencia acumulada, a partir de la cual se pueden sentar las bases para un modelo adecuado a España. Aunque creemos que Gran Bretaña tiene posiblemente el modelo más riguroso, transparente y abierto a la participación de la sociedad, otros países poseen algunas características específicas que los convierten en experiencias igualmente útiles para España.

En la definición y diseño de unos mecanismos de fijación de precios y financiación de medicamentos basados en el valor España debe partir de la realidad política e institucional, concretamente, en el alto grado de descentralización de la gestión de la sanidad en las CCAA. En este punto puede ser útil considerar el caso de Canadá, cuyo sistema de salud comparte con el sistema español el carácter público y universal y, por otra parte, se caracteriza por un alto grado de descentralización territorial – en las provincias – de la toma de decisiones. Obviamente, las CCAA deberían colaborar estrechamente y evitar duplicaciones de funciones y actividades, especialmente en aquellos aspectos tales como la realización y síntesis de evaluaciones de tecnologías. Sin que ello sea obstáculo para ejercer autónomamente las responsabilidades que tienen transferidas en el ámbito de la gestión sanitaria. Establecer nuevas estructuras organizativas que completen la participación de las CCAA en la toma de decisiones sobre el precio y financiación impulsando el trabajo en red de profesionales nacionales e internacionales.

Para avanzar hacia un sistema de fijación de precios y financiación de los medicamentos basado en el valor se deberán promover las reformas legislativas necesarias para desarrollar e incorporar entre los criterios de intervención la evaluación económica participativa basada en umbrales de aceptabilidad o en otros criterios o algoritmos de decisión alternativos que se consensuen, tal como la adecuación del impacto asumible a las posibilidades presupuestarias. Más concretamente, sería deseable avanzar en la estandarización metodológica mediante la adopción por consenso de objetivos, parámetros a medir, procedimientos a establecer y criterios a tener en cuenta en la toma de decisiones. Ello facilitaría la utilización de las evaluaciones tecnológicas por distintas CCAA. La colaboración en la producción de la evidencia sobre evaluación de tecnologías puede extenderse a un ámbito supranacional.

Es recomendable desarrollar e introducir nuevos instrumentos que permitan remunerar el esfuerzo dedicado a la innovación eficiente liberando la presión que en la actualidad recae casi exclusivamente sobre el precio del fármaco. Las subvenciones a determinadas líneas y actividades de I&D, o los premios a determinadas innovaciones,  pueden en algunos casos sustituir y en otros complementar los incentivos asociados a los derechos de propiedad intelectual. Este enfoque puede resultar especialmente indicado para remunerar y dar incentivos a las innovaciones que aportan un valor potencial a la sociedad, porque abren nuevas perspectivas a la investigación e innovación futuras, sin que por el momento los medicamentos comercializados supongan una ventaja efectiva e inmediata para los pacientes o para el sistema de salud.

Promover la transparencia para que se pueda acceder y conocer en tiempo real la información sobre precios, unidades que caracterizan el mercado de medicamentos, así como las decisiones de regulación motivadas y, en su caso, los acuerdos alcanzados entre ofertantes y distintos estamentos de la administración, es un requisito ineludible.

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